VIOLENCIA E INSEGURIDAD POR LA TIERRA
VIOLENCIA E INSEGURIDAD POR LA TIERRA
Oscar
Ortiz Antelo*
Los
recientes hechos de violencia en la provincia Guarayos, en los cuales un grupo
armado que ha avasallado un predio agrícola, tomando rehenes, a quienes
golpearon, amenazaron de muerte y torturaron psicológicamente durante varias
horas, son de una gravedad que no debe quedar impune, y constituyen un
precedente que, de no ser afrontado oportunamente, puede llevar al país a
enfrentamientos por la tierra con gravísimas consecuencias para la convivencia
pacífica entre bolivianos.
Los
hechos son innegables, se tienen los testimonios y las declaraciones ante
autoridad judicial de los dos grupos de ciudadanos que fueron víctimas de esta
secuestro, periodistas y policías. Pocos antecedentes debe haber en la historia
nacional de un secuestro a periodistas y a policías, ambas profesiones
especializadas en relatar los hechos, tal cual sucedieron.
Si,
por ejemplo, se hubiera secuestrado a empresarios y a sus trabajadores,
seguramente se hubiera afirmado posteriormente que los perpetradores del
secuestro y de las agresiones, habrían sido víctimas de algún tipo de ataque
frente al cual tuvieron que defenderse. En los sucesos del predio Las Londras,
simplemente no hay como ocultar la verdad, Bolivia entera vio cómo unos
encapuchados rodeaban a un grupo indefenso de periodistas, disparando sus armas
de fuego contra los neumáticos de los vehículos en los que se transportaban
para que no pudieran huir.
Peor aún,
los mismos policías que escoltaban a este grupo de trabajadores de la prensa
fueron objeto de secuestro, de golpes y de decomiso de sus armas reglamentarias
(los avasalladores incautando las armas de los policías), con lo que cualquier
abogado podría fácilmente identificar en el código penal una serie de delitos
cometidos por los cuales debieran ser procesados los responsables de estos
hechos condenables.
Sin
embargo, lo más grave es el precedente. Muchos de los conflictos armados que
durante décadas sumergieron a otros países latinoamericanos en años de
enfrentamientos entre civiles que causaron miles de víctimas y un sufrimiento
irreparable, comenzaron con este tipo de sucesos. Por ello, el gobierno
nacional tiene la grave responsabilidad de enfrentar el germen de una crisis de
profunda trascendencia.
Bolivia
necesita reconciliarse, la nación necesita reencontrarse, el país necesita
salir adelante para superar los gravísimos efectos de la crisis múltiple,
política, económica, sanitaria, que hemos sufrido en los últimos años.
Aumentarle a todos estos problemas un conflicto civil por la tierra, impulsado
por grupos vinculados al crimen organizado, inviabilizará todo esfuerzo de
reactivación y convertirá en casi imposible el anhelo del desarrollo económico
y social.
Peor
aún, estas circunstancias generan altos niveles de inseguridad para la
actividad agropecuaria que seguramente tendrán efectos nefastos sobre la
inversión en el rubro de los agronegocios del oriente boliviano, el cual
sostiene la seguridad alimentaria nacional, tiene un enorme efecto
multiplicador en la generación de empleos y el dinamismo económico, y
actualmente constituye la segunda fuente de generación de divisas con las
exportaciones no tradicionales.
Si a
los problemas de inseguridad jurídica se le agregan amenazas a la vida, a la
libertad y a la integridad física y psicológica de quienes invierten y trabajan
en el campo, se destruirán las bases fundamentales de un sector indispensable
para la estabilidad social y económica.
El
gobierno nacional, que detenta las competencias relativas a la seguridad del estado,
tiene la principal responsabilidad para evitar que estos hechos se conviertan
en el germen de un conflicto violento. En una sociedad que se urbaniza
aceleradamente y en la cual las áreas rurales van quedando despobladas, se debe
poder alcanzar un consenso nacional que garantice los derechos propietarios, la
seguridad y el trabajo, de los pocos que sostienen la producción alimentaria
nacional, generando empleos y divisas insustituibles.
*Ha
sido presidente del senado y ministro de economía.
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