ESTADO CORROSIVO
ESTADO CORROSIVO
Oscar
Ortiz Antelo*
Un
nuevo caso de corrupción indigna a la opinión publica boliviana. Qué es lo que
falla para que casi todos los gobiernos tengan estos escándalos con personajes del
más alto nivel del estado que se involucran en estos hechos, afectando al
conjunto del sistema político. En mi opinión, uno de los mayores problemas es
un Estado que no solo genera un entorno que favorece la corrupción, sino que garantiza
su impunidad. Es vergonzoso que los pocos casos que se han procesado y
sentenciado en los últimos años corresponden a investigaciones en el exterior.
En
nuestro país, una reciente investigación publicada por la Fundación Milenio,
titulada El capital corrosivo en Bolivia y los retos de la buena gobernanza,
nos ofrece varias respuestas para enfrentar este problema estructural que
afecta a nuestra sociedad y a nuestro futuro, pues corroe nuestra democracia y
destruye las posibilidades de progreso y desarrollo que nos permitieran superar
la pobreza que afecta a gran parte de la población. Sus autores son Henry
Oporto, Napoleón Pacheco, José Luis Evia y Antonio Pérez Velasco.
Los
autores definen al capital corrosivo como la presencia de capitales
pertenecientes o vinculados a estados no democráticos que aprovechan la
debilidad del sistema institucional y de la seguridad jurídica en otro país
para hacer negocios mientras apoyan a los gobiernos autoritarios y populistas
manteniendo esa debilidad y contribuyendo a prorrogar su poder.
Estos
capitales pueden ser canalizados como inversiones directas, contrataciones o
créditos. En el caso boliviano, prácticamente no hubo inversiones y la mayoría
de los ingresos de capital corrosivo se dieron mediante la otorgación de
créditos condicionados a la contratación de empresas del país que presta el
dinero, a las que en muchos casos se contrató directamente sin licitaciones. Peor
aún, la mayor parte de estos contratos se financiaron con recursos públicos
bolivianos mediante préstamos del Banco Central de Bolivia.
La
cuantificación de estas contrataciones alcanza a miles de millones de dólares,
gastados en proyectos por los cuales el país se ha endeudado sin que estén
rindiendo ingresos significativos y quizás nunca tengan utilidades, pues gran
parte de ellos se decidieron sin estudios previos de factibilidad.
La
citada investigación describe detalladamente como se aprobaron una serie de normas
que distorsionaron el sistema de compras estatales favoreciendo la adjudicación
directa de contratos y la habilitación de empresas cuya principal especialidad
era ganar contratos sin mayor experiencia técnica.
La
agenda de reformas que presenta el estudio de la Fundación Milenio marca una
hoja de ruta para luchar contra la corrupción: institucionalizar el sistema de
contratación de bienes y servicios mediante una ley de contrataciones
estatales, aprobar una ley de transparencia y acceso a la información pública,
profesionalizar la función pública, crear reguladores independientes y
especializados, reordenar las empresas públicas, modificar el Código de
Comercio para evitar sociedades multipropósitos que se crean y se cierran con
las gestiones de gobiernos, redefinir la política exterior para atraer
inversión extranjera competitiva y portadora de buenas prácticas empresariales.
También
se le podría aumentar a esta agenda la digitalización de los trámites ante las
oficinas públicas y de los procedimientos de contratación para minimizar el
riesgo de manipulación burocrática de los procesos.
Tomé
la idea del capital corrosivo para plantear que tenemos un Estado Corrosivo que
debe ser reformado urgentemente sino queremos seguir lamentando estos
escándalos de corrupción que afectan a todos los niveles de la administración
pública. De lo contrario, pareciera que la única solución será pedir ayuda
internacional para que se investiguen los casos de corrupción y no queden en la
impunidad, como ya le sucedió a Guatemala que tuvo que pedir a las Naciones
Unidas que se encargue de la investigación y denuncia de los mismos.
*Ha
sido presidente del Senado y ministro de Economía.
**Publicado originalmente el 1 de junio de 2021. Difundido mediante El Deber.
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