LA DICTADURA DE ORTEGA
LA DICTADURA DE ORTEGA
Oscar
Ortiz Antelo*
En los
últimos días, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ha ordenado la detención
de dos precandidatos opositores a la presidencia, Cristiana Chamorro y Arturo
Cruz, en una nueva muestra del atropello de su régimen autoritario que viola las
bases fundamentales de la democracia y pisotea los derechos humanos de sus
ciudadanos. La reacción de la comunidad internacional es casi inexistente y la
prensa internacional concentra la cobertura en el conflicto social de Colombia,
pasando casi desapercibido lo que sucede en la nación centroamericana.
Repasemos
los hechos. Desde abril de 2018, cuando se iniciaron protestas ciudadanas por
reformas al seguro social, hasta mayo de 2020, 1.614 opositores habían sido
detenidos arbitrariamente según un informe de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). El Informe también señala que la represión del
gobierno nicaragüense produjo 328 muertos, la mayor parte de los cuales eran
jóvenes de familias de escasos recursos, quienes habían liderado las protestas.
El
citado informa también señala que el régimen sandinista canceló la personería
jurídica de mas de una docena de ONGs y confiscó las instalaciones de medios de
comunicación considerados opositores a su gestión. Por su parte, un informe de
la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, evalúan
la situación de Nicaragua a diciembre de 2020, estableciendo que en los últimos
tres años más de 100.000 nicaragüenses han solicitado asilo en terceros países.
Para tener una idea de la magnitud de esta cifra se debe tomar en cuenta que el
país solo tiene una población de 6.5 millones.
En la
medida que se aproximan las elecciones de noviembre de 2021, a la cuales no
debiera poder presentarse por las limitaciones constitucionales a la
reelección, burladas mediante una interpretación judicial arbitraria, ha
profundizado la represión contra sus posibles competidores. Los candidatos
Chamorro y Cruz fueron prácticamente secuestrados e incomunicados por las
fuerzas de seguridad, sin los más mínimos elementos propios del debido proceso.
Según ha denunciado el ministro de Relaciones Exteriores de Republica
Dominicana, también se ha cancelado la personería jurídica de la Coalición
Nacional, alianza que enfrentaría a Ortega en los próximos comicios.
Se
teme que en los próximos días la persecución alcance a otro candidato que
enfrentaría a Ortega, Felix Madariaga. Otros dos precandidatos, Juan Sebastian
Chamorro y Medardo Mairena, sufren arresto domiciliario. El acoso de la
justicia manipulada por el oficialismo también ha alcanzado al conocido escritor
y exvicepresidente, Sergio Ramirez, quien ha sido convocado en el caso abierto
contra Cristiana Chamorro. Como si esto no fuera suficiente, la prensa también
ha sido victima de la represión, allanándose a fines de mayo pasado, las
oficinas de la revista Confidencial y habiéndose detenido a varios periodistas,
incluidos corresponsales de la prensa internacional.
Quizás
lo más preocupante es que progresivamente la comunidad internacional se va
acostumbrando a los abusos de estos regímenes autoritarios. Venezuela, por ejemplo,
prácticamente ya no es noticia, a pesar de que la situación económica, política
y social se ha deteriorado a tal punto que continúa provocando un éxodo sin
precedentes para una nación que no sufre una guerra internacional o una guerra
civil.
Frente
a estos hechos se ven muy pocos pronunciamientos internacionales, las
organizaciones de derechos humanos, salvo muy pocas excepciones, brillan por su
ausencia, y los gobiernos autodenominados ¨progresistas¨ no solo guardan un
silencio cómplice, sino que defienden a estos gobiernos abusivos.
Quienes
compartimos los principios y valores democráticos debemos pronunciarnos para
que estos hechos no dejen de ser denunciados, pues, de lo contrario, en
nuestros propios países no faltará quienes crean que se puede ser impunemente
poderoso.
*Ha
sido presidente del Senado y ministro de Economía
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