LA CORTE INTERAMERICANA ANULA LA REELECCION INDEFINIDA
LA CORTE INTERAMERICANA ANULA LA
REELECCION INDEFINIDA
Oscar
Ortiz Antelo*
La
Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de
fundamental importancia para la preservación de la democracia representativa,
el respeto al Estado de Derecho y las garantías a los derechos humanos,
trascendiendo la discusión política coyuntural sobre el gravísimo conflicto
provocado en Bolivia, con relación a la interpretación del Tribunal
Constitucional, que en los hechos establecía la reelección presidencial
indefinida. Esta resolución de la Corte Interamericana es una decisión que
preservará la democracia para las futuras generaciones, evitando que en los
países con sistemas presidencialistas se utilice el argumento de los derechos
humanos para justificar la reelección indefinida.
La
Corte IDH ha desarrollado el marco de aplicación de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos dejando claro los límites del poder de las coyunturales
mayorías parlamentarias evitando que puedan aprobar leyes que vulneren los limitaciones
que impone la constitución al ejercicio del poder público y evitando, de igual
forma, el poder de los tribunales constitucionales para interpretar las
constituciones en contra de sus preceptos fundamentales como fue el considerar
que la reelección indefinida era un derecho humano, tal cual sucedió en Bolivia
y otros países.
Esta
Opinión Consultiva resuelve una de las principales causas de gravísimos
conflictos institucionales y civiles de la historia latinoamericana en general,
y boliviana en particular, las periódicas reformas constitucionales que
justificadas por distintos argumentos, generalmente de carácter social, han tenido como verdadera finalidad el
prorroguismo, la búsqueda de algún proyecto caudillista de quedarse en el
poder, desconociendo los límites que toda constitución democrática impone a la
reelección para resguardar la alternancia.
Para
ello es de fundamental importancia entender que en una democracia el poder
siempre es limitado y temporal. En ninguna circunstancia la victoria electoral
otorga al vencedor el poder absoluto y aunque se gana el poder de gobernar,
administrar, se lo debe hacer respetando los derechos de quienes hubieren
quedado coyunturalmente en condición de minoría política.
La
Corte lo dice claramente “si bien las democracias implican que los gobernantes
son electos por mayoría, uno de los objetivos principales de la misma debe ser
el respeto a los derechos de las minorías, el cual se garantiza mediante la
protección del Estado de Derecho y los derechos humanos”. Igualmente, la Corte
afirma que “el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho
es un elemento constitutivo de la democracia representativa. Ello implica de
antemano que el ejercicio del poder se encuentre sometido a reglas, fijadas de
antemano y conocidas previamente por todos los ciudadanos, con el fin de evitar
la arbitrariedad”.
Por
otro lado, la Corte reiteró que la modificación de las normas constitucionales
no deben beneficiar a quienes están gobernando, atacando así una de las causas más
frecuentes del debilitamiento de la democracia en Latinoamérica, al igual que
destacó que la alternancia en el poder es fundamental para preservar la
democracia puesto que la diferencia de condiciones para la competencia
electoral es tan grande entre quien gobierna y quien compite desde fuera, que
mientras más tiempo pase una persona en el poder, más difícil será que haya una
competencia real, además de las casi inevitables tendencias de quienes
gobiernan a distorsionar las normas y las instituciones para garantizar su
permanencia en el poder.
En
realidad, este es un fallo sobre las bases de la democracia, pues, como la
misma Corte advierte en sus conclusiones “el mayor peligro actual para las
democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional,
sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir
a un régimen autoritario, incluso si este electo mediante elecciones
populares”.
* Ha
sido presidente del Senado y ministro de economía.
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