LA CULTURA DEL CONFLICTO
LA CULTURA DEL CONFLICTO
Oscar
Ortiz Antelo*
Bolivia
nuevamente ha vivido días de violencia, división y confrontación. Es un pasado que
entrampa al presente e inviabiliza el futuro. Frente a un conflicto social como
el que hemos experimentado durante las últimas semanas, lo razonable sería
buscar escenarios de dialogo que permitan a la sociedad construir consensos
mínimos que permitan superar la crisis múltiple que afrontamos (económica,
política, social, sanitaria). Se sigue el camino contrario, apenas se supera el
conflicto se amenaza con nuevos juicios, con lo que se condena al país a nuevos
enfrentamientos, quizás porque el conflicto permanente es el terreno para el
que la cultura política predominante forma a los dirigentes y gobernantes,
despreciando el diálogo y el debate democrático como fundamento de la
convivencia pacífica en una sociedad plural y diversa.
Las
diferencias en el trato estatal a los ciudadanos se profundizan. Los
representantes de los pueblos indígenas que marcharon pacíficamente desde la
ciudad de Trinidad hasta la de Santa Cruz de la Sierra, son menospreciados por
las autoridades, mientras quienes avasallaron predios productivos, secuestraron
periodistas y policías, los golpearon y amenazaron su vida, demostraron en los
hechos la constitución de un grupo armado irregular que goza de la protección
política que les garantiza la impunidad frente a los graves delitos que
cometieron.
El
resultado es que la sensación de injusticia se agrava, generando mayor
incertidumbre e inseguridad de los ciudadanos que pierden los pocos resquicios de
confianza que podrían haber quedado en las instituciones estatales. Cómo se
puede justificar que a los secuestradores de Las Londras no les pase nada
cuando todo el país ha visto azorado como amenazaban la vida y violaban los
derechos fundamentales de ciudadanos que cumplían su labor, ya sea como
trabajadores de la prensa o como responsables de la seguridad pública.
Lo
sucedido con el paro multisectorial no es diferente. Las imágenes de grupos de
choque movilizados en vehículos incautados al narcotráfico y entregados en
custodia a entidades públicas, que gozaban de la protección policial para
atacar y agredir a ciudadanos que protestaban pacifica y pasivamente en las
calles, refleja la profunda distorsión del uso de la fuerza pública por parte
del estado.
Nuevamente
la injusticia se comprueba con los hechos, puesto que mientras los agresores
gozaron de libertad, muchos ciudadanos fueron detenidos y otros son amenazados
con juicios. Se rehúye aceptar que las normas abrogadas contenían disposiciones
que abrían las puertas a su aplicación discrecional y arbitraria, violando los
derechos de los ciudadanos y amenazando su patrimonio, presunción de inocencia
y derecho a la defensa, lo que movilizó a amplios sectores de la población que se
sintieron amenazados e indefensos si esas normas se aplicaban.
Ninguna
de estas situaciones pasa sin consecuencias para el país, sino que tienen
efectos estructurales sobre nuestras posibilidades de desarrollo. El conflicto
permanente, la división y la confrontación ciudadana, constituyen barreras casi
imposibles de superar para el progreso económico y social de una sociedad. La
incertidumbre se vuelve la constante y el largo plazo desaparece de las
expectativas, debido a que las inversiones en el país se perciben como
riesgosas con lo que se vuelven más escazas y se reducen a las que realizan los
empresarios nacionales.
Por
ello, cuando me refiero al pasado, apunto a esa escuela de conflicto permanente
en la cual gran parte de los gobernantes y dirigentes políticos y sectoriales
han sido formados. Es la forma que conocen de destacarse y de proyectarse. En
el corto plazo, satisfacen sus objetivos personales, y los de su entorno
cercano, puesto que alcanzan puestos y espacios públicos que no hubieran logrado
con ideas, propuestas o visión de desarrollo. En el mediano y largo plazo, el
conflicto los terminará devorando y continuará haciendo más difícil la
construcción de ese espacio común llamado nación.
*Ha
sido presidente del Senado y ministro de economía.
Definitivamente el conflicto se volvió el único mecanismo por el cual los sectores pueden expresar su disconformidad, reivindicarse y/o conseguir lo que creen es su derecho. Esta incapacidad de lograr las cosas por medio del diálogo y bajo un marco jurídico sólido que debería ser independiente al gobierno, hace que la sensación de injusticia y polarización sean cada vez más evidentes, haciendo que el pertenecer a un sector fuerte sea vital para que ya sea una persona natural o jurídica sienta que tiene cierta protección, que el Estado per se no se la puede dar. En el mediano y largo plazo esta pérdida de foco en fortalecer la institucionalización y hacer respetar las leyes es ineficiente, frena el desarrollo, restringe la inversión y al final se vuelve la ley del más fuerte la que marca el destino de nuestra sociedad.
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